Un mercado de 120 años en constante evolución.

A mediados del siglo XIX, la cultura del café era la actividad que más generaba renta en Brasil y el lucro obtenido impulsaba los sectores urbanos de la economéa. El crecimiento de las ciudades favoreció las primeras iniciativas de uso de la energía eléctrica en el país al mismo tiempo en que ellas ocurrían en Europa y en los EE.UU.

El marco inicial aconteció en 1879, cuando fue inaugurada la iluminación eléctrica en la estación central de la vía férrea Dom Pedro II (Central do Brasil), en Río de Janeiro, cuya fuente de energía era un dínamo. En 1881, se instala la primera iluminación pública aun alimentada por dínamos, en un tramo del jardín del Campo da Aclamação, la actual Praça da República. En el mismo año, la energía eléctrica fue utilizada para iluminar dependencias del edificio del Ministerio da Viação durante un evento.

Ya en 1883 el Brasil inauguraba su primera central generadora: una unidad termoeléctrica con 52KW de capacidad, movida a leña, que alimentaba 39 lámparas en la ciudad de Campos, RJ, inaugurando la prestación del servicio público de iluminación en la América del Sur. La preferencia por el modelo hidroeléctrico también es antigua: la primera hidroeléctrica brasileña también fue construida en 1883, en Diamantina, MG.

A inicios de siglo había mucho que hacer para mejorar la estructura de las ciudades brasileñas y, en 1904, inversionistas canadienses y americanos crean Río de Janeiro Tramway, Light and Power Company con la intención de explotar prácticamente todos los servicios urbanos: transportes, iluminación pública, producción y distribución de electricidad, distribución de gas canalizado y telefonía. En ese contexto surgen las primeras tentativas de regulación, por parte del Estado, del además incipiente empleo de la energía eléctrica del Brasil.

En los años 30 el Gobierno Federal asume su papel intervencionista en la gestión del sector de aguas y energía eléctrica con la formalización del Código de Aguas (Decreto 24.643, del 10 de julio de 1934). A partir de ahí, la Unión pasa a legislar y otorgar concesiones de servicios públicos antes regidos por contratos regionales. La nueva política sectorial revé los criterios para establecimiento de precios a fin de garantizar al prestador del servicio la cobertura de los gastos de operación y de las cuotas de depreciación y reversión y la justa remuneración del capital invertido.

Durante los años 40, siguiendo la tendencia de otros sectores estratégicos, el Estado amplía su papel y pasa a actuar directamente en la producción. La primera inversión en ese sentido fue la creación de la Compañía Hidroeléctrica del São Francisco (CHESF) en 1945.

Décadas más tarde el gobierno promovería importantes cambios en la legislación de tarifas brasileña. Una ley de 1971 (5.655/71), estableció la garantía de 10% a 12% de retorno sobre el capital invertido, a ser computada en la tarifa. La medida buscaba dar sustentación financiera al sector y sirvió también para financiar su expansión. Había además la facilidad de obtención de recursos con la Eletrobrás y la entrada de préstamos externos. Fue un período en que el sector desarrolló sólidas bases financieras. Había, no obstante, enormes diferencias en el costo de generación y distribución entre las diversas regiones. En la tentativa de amenizar esta disparidad, el gobierno instituyó, en 1974, la ecualización de tarifas mantenida por un sistema en el cual las empresas con superávit transferían recursos para las deficitarias.

 

Años 90 - Comienza la reforma.

La década del 90 fue un período de cambios profundos. El primer paso fue dado en 1993 con la extinción de la ecualización de tarifas y la creación de los contratos de suministro entre generadores y distribuidores, comenzando a preparar el mercado para la desestatización. Después vinieron las licitaciones para nuevos emprendimientos de generación; la creación de la figura del Productor Independiente de Energía; la determinación del libre acceso a los sistemas de transmisión y distribución y la libertad para los grandes consumidores escoger dónde adquirir sus suministros de energía.

En 1995, el Programa Nacional de Desestatización alcanza definitivamente al sector eléctrico.

En 1996, el Ministerio de Minas y Energía implanta el Proyecto de Reestructuración del Sector Eléctrico Brasileño (Proyecto REseB). Una de las principales consecuencias fue la desverticalización de la cadena productiva: generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica se tornaron, entonces, áreas de negocio independientes. La generación y la comercialización fueron progresivamente desreguladas a fin de incentivar la competencia; transmisión y distribución (que constituyen monopolios naturales) continuaron siendo tratadas como servicios públicos regulados.

Ante esa nueva configuración, el Gobierno Federal crea, aun en 1996, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), cuya función es regular las actividades del sector. Otros cambios fueron implantados con el objetivo de organizar el mercado y la estructura de la matriz energética brasileña, con destaque para la creación del Sistema Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos en 1997 y del Mercado Mayorista de Energía (MAE) y el Operador Nacional del Sistema (ONS), en 1998.

 

Década del 2000 - Una nueva postura

Con un modelo de generación esencialmente hidroeléctrico, Brasil se vio en situación de emergencia al atravesar un período de lluvias escasas que bajó considerablemente los embalses de las plantas. En mayo de 2001 el gobierno fue obligado a adoptar medidas de emergencia para evitar un colapso en la oferta de energía. El período del racionamiento atrasó el crecimiento del sector.

La crisis alertó para la necesidad de introducir nuevas formas de generación en la matriz energética nacional. Ganaron destaque las termoeléctricas que operan con combustibles como el bagazo de caña (biomasa) y el gas natural (la participación de éste en la oferta de energía del país saltó de 2,2% en 1985 para 6,6% en 2001). El Gobierno adoptó también medidas que apoyan el desarrollo de proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs), fuentes no-convencionales y conservación de energía.

Entre 2003 y 2004 el Gobierno Federal dio más algunos importantes pasos en el sentido de tornar menos vulnerable al sector eléctrico nacional. Fue creada la Empresa de Investigación Energética (EPE) para planificar al sector eléctrico a largo plazo, el Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico (CMSE), responsable de evaluar permanentemente la seguridad del suministro de energía eléctrica del país, y la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE), en lugar del antiguo Mercado Mayorista de Energía (MAE), para organizar las actividades de comercialización de energía en el sistema interconectado.